Noticias recientes indican que se programará para votación en la Cámara de Diputados la propuesta de enmienda constitucional (PEC 66/2023), que modifica las reglas sobre el pago de deudas judiciales (precatórios).

La medida fue aprobada por el Senado y, si es aprobada por la Cámara, seguirá a promulgación. Con la promulgación, las nuevas reglas entrarán en vigor.

La PEC 66/2023 pretende, entre otras cosas:

• 
  

  excluir los precatórios del límite de gastos primarios de la Unión a partir de 2026;

  
  


• 
  

  limitar el pago de estas deudas por parte de los Estados y Municipios;

  
  


• 
  

  determinar que, a partir del 01/08/2025, la actualización monetaria de los precatórios será mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio (IPCA) y no más por SELIC (actualmente superior al IPCA).

  
  

En otras palabras, sustituye la tasa SELIC por IPCA + 2% anual, en interés simple, como criterio de actualización —o SELIC, lo que sea menor— y adelanta el plazo de presentación de los precatórios, reduciendo el tiempo de incidencia de intereses. Esta regla se aplicaría a todos los precatórios y RPVs Federales, Estatales y Municipales.

En caso de aprobarse la PEC, los contribuyentes acreedores de la Unión, Estados y Municipios tendrán el plazo de recepción de sus créditos/precatórios ampliado, retrasando la liquidación total de los valores adeudados.

Además, la nueva forma de actualización de los créditos de precatórios y RPVs reduce la remuneración del crédito, lo que en la práctica implica una pérdida real para los contribuyentes, ya que serán corregidos por un índice inferior al SELIC actual, mientras que los créditos adeudados a la Hacienda Pública Nacional permanecen corregidos por SELIC.

Asimismo, la PEC permite acuerdos directos con los acreedores, sin delimitación clara del porcentaje de descuento, lo que tiende a debilitar aún más la seguridad jurídica en el mercado de precatórios.

Es innegable que la PEC en cuestión, si se aprueba definitivamente, traerá perjuicios a los acreedores de precatórios, dado el cambio perjudicial del índice de corrección, la limitación desproporcionada de los pagos y la perpetuación del incumplimiento estatal.

El equipo de Dupont Spiller Fadanelli Abogados sigue de cerca la cuestión y está completamente disponible para aclarar cualquier duda sobre el tema.